RECLUTAMIENTO, USO, UTILIZACIÓN Y VIOLENCIAS SEXUALES DE NIÑOS, NIÑAS y ADOLESCENTES (NNA) POR GRUPOS ARMADOS ILEGALES

Por: Alexander Betancur Colorado

CONTEXTO RECLUTAMIENTO, USO, UTILIZACIÓN DE NIÑOS, NIÑA, ADOLESCENTES Y JOVENES EN ANTIOQUIA.

El conflicto armado interno que vive Colombia hace más de seis décadas, además de víctimas, ha dejado en evidencia la fragilidad económica, política y social en algunas zonas del territorio Colombiano; de hecho, son entornos donde predomina las rentas ilegales, el control territorial y el fortalecimiento de las estructuras criminales mediante el terror. Las poblaciones inmersas en estas zonas deben asumir, y adecuarse a estas dinámicas para la subsistencia económica o como estrategia para sobrevivir. Hoy vemos como estas poblaciones son victimizadas de múltiples maneras entre ellas la instrumentalización, que, por condicionamiento psicológico, económico o por temor ante las amenazas; generan actos violentos y de represión hacia las fuerzas del estado, evitando el ingreso y su actuar constitucional de control territorial.

Antioquia no es ajena a esta situación y ha sido un departamento referente de un conflicto permanente y diverso en actores ilegales, problemáticas asociadas a la violencia y mutaciones delictivas; con injerencia de estructuras como las disidencias de las FARC– ELN, el Clan del Golfo, Caparros y algunos combos delincuenciales que actúan como células urbanas subcontratadas que actúan criminalmente en zonas rurales y urbanas; esto es un acto ampliamente reconocido y denunciado por las mismas comunidades.

En el caso de la población infantil y adolescente estos grupos delincuenciales, reclutan, usan y utilizan desde la seducción, la manipulación o la coerción, para combates entre grupos armados ilegales y hacia la fuerza pública, explotación sexual, trata de personas, transporte y expendio de sustancias psicoactivas, cobros de extorciones, tráfico de armas, explosivistas, campaneros” o “carritos”, rancheros, mensajeros, entre otras actividades vulneradoras; que ponen en riesgo la vida, deterioran la dignidad, el desarrollo humano, con el agravante de que en un futuro se convierten en los nuevos ilegales, encargados de asumir roles, mandos y responsables de crear las nuevas estructuras delincuenciales, desde una transición generacional que perpetua la violencia.

Luego de este análisis en el contexto colombiano y específicamente en Antioquia es imperativo el dar prioridad a la población de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, siendo este grupo poblacional el más susceptible y fácil de adoctrinar desde las presiones y demás artimañas de la delincuencia; partiendo de la base la inmadurez emocional, las falencias económicas, ausencias en algunos escenarios de figuras representativas de autoridad y protección (familia, sociedad y estado).

Se debe priorizar la prevención con una perspectiva de intervención focalizada y especializada en contextos de alto riesgo con cercanía de grupos armados, población con derechos vulnerados e inobservados o con características comportamentales inadecuadas y transgresoras de la norma; consumidores de sustancias psicoactivas, con afectaciones psicoemocionales, o que ya hacen parte de grupos y pandillas que generan desorden y conflicto social.

Además, se requiere revisar las cifras reales; no solo de las niñas, niños y adolescentes desvinculados y reconocidos por el CODA, se debe abrir el espectro de este delito a la vinculación ilícita de grupos delictivos que tengan relacionamiento con grupos armados organizados reconocidos por el Ministerio de Defensa, no es un secreto la subcontratación y el trabajo articulado entre ellos, como estrategia de control y fortalecimiento territorial.

Basados en la información de la Comisión Intersectorial de prevención del reclutamiento y la utilización de niños, niñas y adolescentes por grupos armados organizados, cuyo objetivo es definir la priorización territorial, así como los criterios que sirvan de insumo para la planeación y la focalización de actividades, planes y proyectos que cada una de las entidades para hacer frente a este flagelo; aún no hay la claridad técnica, jurídica y operativa en la diferenciación o similitud del reclutamiento, el uso y la utilización como hecho victimizante; ejemplo de esto, es el SUBREGISTRO en las cifras de niñas, niños y adolescentes que han sido utilizados y usados por grupos armados ilegales pero no cumplen con los requisitos establecidos para la atención especializada en los programas de desvinculados, por no estar en el marco del conflicto.

Estos casos, no son denunciados o atendidos como víctimas de reclutamiento ilícito y son asumidos en la mayoría de los casos por autoridades      administrativas,  policivas y   judiciales      como        casos                     de responsabilidad penal        para                adolescentes,          protección                     por             amenaza, desplazamiento, u otras vulneraciones diferentes a la vinculación ilegal.