Me parece importante reclamar el derecho a la protesta como un derecho esencial.
De allí que lo podamos llamar el “primer derecho”. Roberto Gargarella

Es preocupante la situación que vive nuestro país, pero más grave y preocupante es el escenario donde están inmersos los ciudadanos que luchan y marchan por sus derechos como lo regula “el Derecho Internacional de los Derechos Humanos que reconoce el derecho a la manifestación y a la protesta social a través de la protección armónica del derecho a la libertad de expresión y opinión, la libertad de reunión y la libertad de asociación” (González Zapata, 2018).

Por ejemplo, el artículo 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, establece el derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconoce en el artículo 21, el derecho de reunión pacífica; el artículo 37 de la Constitución nacional, el cual positiviza el derecho de reunirse y manifestarse pública y pacíficamente.

Ahora bien, en Colombia está pasando algo muy grave: por un lado, los ciudadanos están cansados de las arbitrariedades por parte de los gobiernos de turno, de la corrupción, la desigualdad social, la violencia y una pandemia que parece no tener fin. Por otro lado, la indiferencia de las administraciones, el mal manejo de la pandemia, los excesos del gasto público y las decisiones que han afectado gran parte de la sociedad, son precisamente estas circunstancias las que han sido detonantes, para que los ciudadanos salgan a las calles a protestar, lo que podría llegar a desestabilizar el gobierno.

Pero hay algo que preocupa más, el ministerio público que no aparece: la procuraduría, que es la veedora de la protección y garantía de Derechos Humanos de los ciudadanos, la defensoría del pueblo con facultades muy especiales otorgadas por la Constitución Nacional. También todo hay que decirlo, Medellín cuenta con una Unidad Permanente de Derechos Humanos, única a nivel nacional, que ha sido garante durante todas las manifestaciones, sin embargo, ha sido vandalizada, frente a esto habría que determinar quiénes son los responsables. Solo aparecen defensores de Derechos Humanos y líderes sociales de diferentes organizaciones de la sociedad, que frente al aparato estatal quedan totalmente anulados.

Así las cosas, se empieza a entender como el gobierno de turno ha cooptado la institucionalidad, generando un daño estructural al estado donde se ha empezado a desfigurar el sistema de pesos y de contrapesos. El procurador, el fiscal general, otras figuras representativas nombradas por el presidente, producto de ese daño orgánico generado en la constitución.

Ahora, la pregunta a resolver es: ¿quién defiende a los ciudadanos? La respuesta más plausible que se puede dar es: la rama jurisdiccional, la cual es la única que no ha sido cooptada y en este momento de crisis se debe volcar la mirada hacia ella recurriendo a los mecanismo legales y constitucionales (acciones de tutela, de grupo, populares, habeas corpus, etc), clara muestra de esta situación se puede observar en las audiencias de los jueces de control de garantías al momento de legalizar las capturas hechas por la fuerza pública, en su gran mayoría han sido declaradas ilegales, ya que sería catastrófico para toda la ciudadanía que el poder ejecutivo se apropiará de la rama judicial, pues por el momento esta no le debe nada a la rama ejecutiva, son independientes y autónomos en su actuar.

Es triste decirlo, en Colombia se ha conculcado el derecho a la protesta, infundiendo miedo en la ciudadanía, la principal estrategia del gobierno de turno y una muestra de esto es la llamada “asistencia militar” en las ciudades (redaccion judicial , 2021), cuestión grave en un Estado Social y Democrático de Derecho. Sin embargo, lo militares se harán a un lado, pues esto traería nefastas consecuencias en su actuar, incluso en el panorama internacional; en todo caso es un grave error disuadir con la fuerza y no con el dialogo.

Por otra parte, no se pueden pasar por alto, los conatos de vandalismo, de destrucción de los bienes públicos y de violaciones al derecho internacional de los Derechos Humanos, pero corresponderá a los organismos competentes investigar tales situaciones. No obstante, hay que aclarar que el establecimiento de los derechos ha sido gracias a la luchas durante toda la historia y seguramente se ha derramado mucha sangre, con esto no se pretende hacer una apología al caos, la violencia y el vandalismo. Así las cosas, el destruir una estatua, puede configurar una resignificación acerca de lo que busca el pueblo.

En conclusión, los ciudadanos protestan para exhortar el gobierno para que vuelva al dialogo, pero al parecer este, carece de esa capacidad; es evidente que su arma de persuasión será el miedo y en este escenario, él mismo, corre riesgo de una desestabilización inminente y abre el paso para que la ciudadanía, desde los diferentes sectores siga reclamando una sociedad más justa.

En el fondo, los ciudadanos buscan un nuevo liderazgo, para tomar las riendas del país, no solo en la figura del presidente, sino de todo el estamento político; el país no está a la altura del significado de la política, basta con una mirada a la inequidad y desigualdad social, que entre otras cosas es un atentado grave a los Derechos Humanos; es importante y categórico, frente a esta exigencia concreta, trazar políticas publicas eficientes y eficaces frente a la educación de todos los ciudadanos, lo cual  delimitará los lineamientos a la hora de materializar los Derechos Humanos, esta debería ser la más ardua lucha de este momento.

Referencias

González Zapata, A. (22 de agosto de 2018). Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos. Recuperado el 7 de mayo de 2021, de Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos: http://www.comitedesolidaridad.com/sites/default/files/EL%20DERECHO%20A%20LA%20PROTESTA-2%282%29.pdf

redaccion judicial . (4 de junio de 2021). periodico el ESPECTADOR. Obtenido de el espectador: https://www.elespectador.com/judicial/tribunal-llama-a-declarar-al-presidente-duque-por-haber-ordenado-asistencia-militar/