EL DERECHO A LA FAMILIA Y LA ALIMENTACIÓN, UN ENFOQUE DESDE LA CULTURA ANTIOQUEÑA.

En un país como Colombia, donde las tradiciones culturales, la diversidad poblacional y las desigualdades sociales convergen, los derechos humanos adquieren una dimensión fundamental. Especialmente, el derecho a la familia, a la alimentación equilibrada y la promoción de una ciudadanía alimentaria requieren ser abordados con un enfoque integral, que reconozca las especificidades del campesinado y la riqueza de la cultura antioqueña. En este contexto, los artículos 42, 44, 65, 67 y 70 de la Constitución Política de Colombia, así como los artículos 16 y 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ofrecen un marco para comprender y fortalecer estas garantías.

El artículo 42 de la Constitución, define a la familia: “como el núcleo fundamental de la sociedad”, que debe ser protegida por el Estado. De manera desarrollaría, el artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el cual enfatiza que, “hombres y mujeres tienen derecho a casarse, formar una familia y que esta debe recibir protección por parte de la sociedad y el Estado”. En las comunidades campesinas Antioqueñas, la familia no solo es una institución o concepto desarrollado por constructos intelectuales, sino que se constituye en el tiempo en el pilar de la producción agrícola y la transmisión de conocimientos ancestrales. Sin embargo, estas familias enfrentan retos como la migración forzada, la falta de acceso a la tierra y el escaso apoyo estatal, lo que debilita su ejercicio tradicional  y capacidad de preservar dicho concepto en el tiempo.

La defensa del derecho a la familia implica garantizar condiciones dignas de vida, acceso a servicios básicos y oportunidades que permitan a las familias campesinas mantener su identidad cultural y económica. En Antioquia, donde la cultura y las tradiciones agrícolas son un legado invaluable, la protección de este derecho es esencial para preservar la identidad regional.

Frente al derecho expuesto, se encuentra el derecho a la alimentación, que está implícito en los artículos 44 y 65 de la Constitución Política de Colombia. El primero asegura que los niños tienen derecho a una alimentación equilibrada, mientras que el segundo subraya el carácter prioritario que el Estado debe otorgar al desarrollo agrícola. Asimismo, el artículo 25 de la Declaración Universal refuerza esta garantía al reconocer el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado, incluyendo alimentación, vestido y vivienda. En este sentido, la ciudadanía alimentaria emerge como un concepto clave, promoviendo un consumo responsable y una producción sostenible que reconozca el papel del campesinado como garante de la seguridad, soberanía y el principio de  autonomía alimentaria.

En Antioquia, la ciudadanía alimentaria puede fortalecerse mediante iniciativas que conecten a los productores campesinos con los mercados locales y urbanos, fomentando el consumo de alimentos frescos y cultivados de manera sostenible. Además, la educación en torno a la alimentación equilibrada, desde la niñez hasta la adultez, articulando soberanías intermedias que tenga un enfoque glocal,  es esencial para construir hábitos saludables y reducir la dependencia de productos ultra procesados.

En consonancia con el artículo 67 de la Constitución Política, se consagra la educación como un derecho y un servicio público, orientado al desarrollo integral de las personas. Para el campesinado, esto significa garantizar acceso a una educación digna, que valore y transmita el conocimiento agrícola, pero que también abra puertas hacia nuevas oportunidades. En Antioquia, donde las zonas rurales han sido históricamente relegadas, invertir en educación rural es una forma de combatir la desigualdad y empoderar a las comunidades. Por esto se hace imperativo, volver a retomar nuestra cultura campesina, con sus tradiciones, costumbres y formas de vida, se debe reconocer  y proteger  como un patrimonio que enriquece la identidad Antioqueña.

La Mesa Metropolitana Regional de Derechos Humanos (METREDH) enfrenta el desafío de integrar estas garantías en una estrategia que responda a las necesidades específicas del campesinado y las dinámicas culturales de Antioquia. Por eso, para nuestra organización, es fundamental trabajar con entidades gubernamentales, educativas y organizaciones sociales para diseñar programas que fortalezcan los derechos de las comunidades rurales; dar voz a las familias campesinas y sus desafíos en foros, medios de comunicación y espacios políticos; impulsar campañas de sensibilización sobre el valor de los alimentos locales y la importancia de apoyar a los productores campesinos; proteger las tradiciones campesinas como un componente esencial de la identidad colombiana.

En un mundo donde la desigualdad alimentaria y social sigue siendo una realidad apremiante, el trabajo de METREDH es más necesario que nunca. Reconocer al campesinado como actor clave en la construcción de una sociedad más equitativa y sostenible es una deuda histórica que debe saldarse con acciones concretas y compromisos reales  y, retomar con total confianza  conclusiones de investigaciones como las de James Parsons, de la universidad de Berkeley: “Quedaron así conformadas en Antioquia las bases de la única sociedad endógena de clase media rural de América Latina no individualista ni capitalista salvaje, con propiedades pequeñas y medianas, pero productivas, que lograron el reconocimiento de los grandes académicos de Florida”.

Como colofón, se puede  afirmar que la  promoción de los Derechos Humanos, en todas sus dimensiones, nos invita a construir un país donde la familia, la ciudadanía alimentaria y la cultura sean garantías fundamentales para todos, pero especialmente para aquellos que han nutrido nuestras mesas y nuestra historia: el campesinado colombiano.

POR: ANDRÉS FELIPE GIRALDO CADAVID, Representante Legal METREDH