“Si por cada víctima del conflicto colombiano tuviéramos que guardar un minuto de silencio, tendríamos que callar 16 años”. (P. Francisco de Roux).

Colombia por haber vivido el conflicto interno más antiguo de américa latina, más de 10 lustros, la comunidad internacional volcó la mirada hacia dicho conflicto, por el tiempo transcurrido y por la sangre que han derramado sus víctimas.

Es necesario recalcar la presencia de países como los Estados Unidos, quien ha tenido una participación legendaria, incluso desde los acuerdos de paz y sus esfuerzos por dirimir este conflicto tan antigüo, que incluso académicos como Marc Chernick, director del instituto de estudios latinoamericanos de la universidad de Georgetown, lo ha divido en 4 etapas: lucha anticomunista, antinarcóticos, antiterrorista y pro acuerdos de paz. Que van desde los años 50 con el ex presidente Laureano Gómez, hasta el mandato de Juan Manuel Santos (Chernick, 2012)

Es importante resaltar un tema que aparece en el trasfondo de todo este asunto: ¿existe o no un conflicto armado en Colombia?  Esta cuestión definirá la aplicación del tema de Derechos Humanos o el Derecho Internacional Humanitario.

La respuesta a dicha pregunta, aunque no exista consenso entre todos los estudiosos, es afirmativa y se comulga con la tesis del padre Javier Giraldo, partiendo de un enfoque que comprende el conflicto y que es punto de confluencia: “dentro de la tradición jurídica del derecho a la rebelión”, coloca el problema de la tierra como eje fundamental para entender el conflicto, “ya que la tenencia de la misma está directamente relacionada con tres necesidades básicas, vivienda, alimentación y trabajo/ingreso” (Heraldo, 2015).  En la medida que el Estado falla en garantizar dichas necesidades, legitima el derecho a la rebelión de los ciudadanos que, siendo llevado a su punto máximo, explica el surgimiento de la insurgencia.

Desde la década de los 50 la violencia ha permeado el panorama del país y el conflicto armado que se ha vivido abarrotó los cementerios en las zonas rurales, lo que ha permitido que se caiga en un retroceso a nivel de desarrollo tanto económico como social; en este punto, los académicos al estudiar las causas de dicho conflicto no se han puesto de acuerdo sobre una en particular y es por esto que actualmente se inclinan por las posturas de la pluricausalidad del conflicto. (Bedoya Marulanda, 2015), en lo que sí hay consenso es que los grupos armados han dejado millares de víctimas y aunque ha habido varios intentos por acordar la paz, todos han sido infructuosos, sumiendo el país en una polaridad entre las regulaciones de los Derechos Humanos y el Derecho internacional Humanitario.

Así las cosas, en Colombia se dificulta mucho más el trabajo de los defensores de Derechos Humanos, debido a la estigmatización que se ha venido manejando desde la implementación de los acuerdos de paz,  no obstante,   son grandes los esfuerzos de los ciudadanos y defensores de los Derechos Humanos que día tras día, desde sus territorios,  han ido tomando conciencia de la importancia de este concepto, gracias a esto se  cuenta con tres instrumentos de gran valor a nivel nacional:  la Constitución Política de 1991, el plan estratégico  nacional para la garantía de los Derechos Humanos 2014 – 2034, las políticas integrales de protección de personas defensoras de Derechos Humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de Estados Americanos del año 2017, estableciéndose lineamientos obligatorios en la formulación de las políticas públicas a nivel nacional, las cuales deben ser trazadas con un enfoque de Derechos Humanos (Consejería Presidencial, 2015).  Esto se hace inverosímil, cuando se hace un análisis objetivo de la realidad que vive nuestro país.

En Colombia, para el año 2020 fueron asesinados más de trescientos líderes sociales y más de 171 en el 2021, reflejando la poca fuerza institucional del Estado para garantizar la vida e integridad de estas personas (INDEPAZ, 2021), la falta de interés por los acuerdos y documentos acerca de esta problemática es evidente, pero que en la comunidad internacional hacen eco y no es menos la preocupación, pues en la regulación del Derecho Internacional  Humanitario se configura como una violación evidente de esta legislación,  concretamente  al estatuto de Roma (artículo  7. literal a), donde se podría estar hablando del asesinato como crimen de lesa humanidad, el cual en Colombia es perpetrado por grupos insurgentes, incluso con complicidad de miembros de las fuerzas estatales como lo reflejan algunos testimonios y procesos jurídicos sustentados probatoriamente (Durán Núñez, 2018).

En torno a este panorama, se hace complejo la articulación de los defensores de Derechos Humanos de las grandes urbes colombianas, pues el conflicto que se vivía en áreas rurales ha mutado y se ha trasladado a las ciudades.  Medellín, es una ciudad donde hay presencia de diferentes realidades y grupos armados, como se expone en los diferentes espacios de ciudad, pues las políticas públicas no son eficaces para dar respuesta a las problemáticas planteadas que confluyen en los territorios, con el agravante de no existir una política pública transversal en la ciudad sobre Derechos Humanos.  Esta realidad enmarca el reflejo de un conflicto que se hacía lejano e indiferente para muchas personas, pero que lastimosamente ha ido cambiando y acoplándose paradigmáticamente a las dinámicas de las zonas urbanas, haciendo difícil identificar y distinguir los actores armados (Lizarazo Ocampo, Antonio José , 2020), por lo que es urgente implementar medidas reales, eficientes y eficaces, para asegurar la guarda, promoción y garantía de los Derechos Humanos (Benítez, 2017).

Este artículo es un intento de proponer nuevos retos y soluciones a la realidad que vive nuestro país, en especial la ciudad de Medellín. Para esto se parte desde una pregunta: ¿De qué manera la creación de una pedagogía desde el creer, ser y hacer humamos, permiten la formación y efectiva protección de los lideres y defensores de Derechos Humanos en la ciudad de Medellín?

Para comenzar a darle respuesta a la anterior pregunta es indispensable concientizar a los ciudadanos sobre el rol que desempeñan los defensores de Derechos Humanos, pues ellos son personas que propenden por el cumplimiento de la Constitución Política de 1991 y sus postulados fundamentales; por estas razones se hace necesaria la desestigmatización de este grupo en particular, puesto que, desde inicios del año 2021 en el país la tendencia homicida a lo más representativo de la comunidad no ha dado pausa, circunstancia ilustrativa de la degradación moral a que los factores reales de poder críptico y sus agentes han llegado.

Es necesario implementar políticas públicas eficaces, que sean transversales al concepto de Derechos Humanos como lo establecen los instrumentos legales citados anteriormente. En este sentido, la promulgación de la política pública de Derechos Humanos de la ciudad de Medellín debe ser una prioridad en la agenda gubernamental, igualmente debe ser una política incluyente y que tenga el poder de garantizar un efectivo control social.

Las diferentes causas del conflicto interno de nuestro país, se han desplazado a la zona urbana, debido a esto se hace necesario recobrar la confianza en las instituciones, por eso el reto se materializa trazando políticas públicas claras a nivel nacional y regional para garantizar el goce efectivo de los Derechos Humanos, en especial el de la educación, para formar en principios y en valores, sobre todo a los jóvenes que se ven envueltos en los flagelos que se presentan en la ciudad de Medellín, pues la finalidades que todos los ciudadanos deben ser lideres y defensores  de los Derechos Humanos en todos los ámbitos de la existencia.

En conclusión, hay que fomentar la vocación para ser líder social y defensor de Derechos Humanos, pero primero hay sortear la dificultad de lo que implica este reto y brindarle las bases a todos los  ciudadanos para que sean constructores de una nueva sociedad.

Referencias

Bedoya Marulanda, J. F. (2015). Fajardo, Darío. Estudio sobre los orígenes del conflicto social armado. Instituto de Estudios Políticos – Investigaciones, 32-35.

Benítez, W. G. (30 de agosto de 2017). Escuela Superior de Administración Pública. Obtenido de El Enfoque de los Derechos: file:///C:/Users/Naty%20Rivas/Downloads/781-Texto%20del%20art%C3%ADculo-2718-1-10-20170830.pdf

Chernick, M. (2012). Acuerdo posible: solución negociada al conflicto armado. bogota: aurora.

Consejería Presidencial, D. H. (8 de 12 de 2015). Observatorio de Derechos Humanos. Obtenido de Estrategia Nacional para los Derechos Humanos 2014 – 2034: http://www.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Publicaciones/Documents/2014/140815-estrategia_web.pdf

Durán Núñez, D. (2018 de Diciembre de 2018). El país con más condenas de la Corte Interamericana en 2018. Obtenido de el espectador: https://www.elespectador.com/colombia2020/pais/colombia-el-pais-con-mas-condenas-de-la-corte-

Heraldo, E. (18 de febrero de 2015). Las teorías del origen del conflicto armado en Colombia. Obtenido de El Heraldo: https://www.elheraldo.co/politica/las-teorias-del-origen-del-conflicto-armado-en-colombia-184562

INDEPAZ. (14 de novimebre de 2021). Instituto de estudios para el desarrollo y la paz. Obtenido de LÍDERES SOCIALES Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS ASESINADOS EN 2020 – 2021: http://www.indepaz.org.co/lideres/

Lizarazo Ocampo, Antonio José , Sentencia T-067/20 (Corte Constitucional 19 de febrero de 2020).